Siguen las repercusiones de un clásico manchado por la violencia, la complicidad y el silencio

Lo sucedido en el clásico del 6 de julio no fue un simple “error de seguridad”. Fue una confabulación criminal que puso en riesgo vidas humanas, que hirió de gravedad a un policía —que hoy sigue con secuelas—, y que demostró una vez más la impunidad con la que actúan ciertos sectores vinculados al equipo que siempre estuvo al calor del poder de turno.

El propio presidente de CAFO, Gonzalo Trabal, reconoció que uno de sus funcionarios fue condenado por asociación para delinquir y estrago, tras haber facilitado el ingreso de pirotecnia de gran poder —bengalas náuticas— a la tribuna Colombes, donde se ubicaba la hinchada de Nacional.

La misma pirotecnia que luego fue disparada en reiteradas ocasiones directamente hacia la parcialidad de Peñarol y terminó impactando en un efectivo policial que cumplía su deber. Un hecho cobarde, indignante y que pudo haber terminado en tragedia.

Y aunque Trabal diga estar “sorprendido”, no hay sorpresa que valga: lo que existió fue una complicidad interna que permitió violar todos los protocolos de seguridad del Estadio Centenario. Durante meses se intentó instalar la teoría de que las bengalas “ya estaban escondidas”, negando lo evidente. Hoy la Justicia comprobó que hubo ayuda desde adentro, y fue para favorecer a la hinchada tricolor.

Desde el punto de vista institucional, Peñarol debe exigir un castigo ejemplar. No solo para el funcionario condenado, sino también para todos los responsables del operativo, incluidos aquellos que debieron garantizar que ningún objeto peligroso ingresara al estadio. El fútbol uruguayo no puede naturalizar que una hinchada violenta como la alba entre material bélico con complicidad interna, lo use para atacar a otra parcialidad y termine dejando heridos graves sin que haya consecuencias reales.

Mientras tanto, los medios que tanto amplifican cualquier sanción menor contra Peñarol guardan silencio ante un hecho que roza el terrorismo deportivo. Un acto planificado, con cómplices identificados y con una víctima de por medio. Y aún así, ningún organismo deportivo ni político ha pedido disculpas ni asumido responsabilidades.

Si este mismo episodio hubiera tenido como protagonista a la hinchada aurinegra, el club habría sido sancionado con muchísimo mas rigor, multado económicamente y estaría en la tapa de todos los diarios por meses. Pero cuando el protagonista es nacional, la narrativa cambia: se habla de “un funcionario”, de “una sorpresa”, de “un día triste”.

No, no es un día triste: es un día vergonzoso para el fútbol uruguayo.